Las escuchas que revelaron charlas telefónicas privadas entre el presidente de Boca, Daniel Angelici y el presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Fernando Mitjans y el ex presidente de AFA, Luis Segura; sacudieron al mundo del fútbol. Para nuestro gusto exageradamente, pero lo hicieron. Un poco porque muchos colegas se desenvuelven profesionalmente como si fueran señoras enojadas en una peluquería (“y nadie hace nada…”, dicen a coro ante cualquier estímulo) y otro porque siempre genera morbo toparse con lo prohibido, supuestamente con el lado b del fútbol.

En ambas conversaciones quedaba claro que ambos dirigentes se inclinaban, por momentos grotescamente, ante el poder de Angelici, quien los trataba como si fuera el verdadero dueño de la pelota y generaba una sumisión desacostumbrada para hombres ya adultos.

Más allá del efecto que pudiera tener ante la sociedad, se nos ocurre una buen excusa para recordar –parece increíble que debamos hacerlo a esta altura de la soirée– los derechos y garantías que deberíamos disfrutar todos los individuos que habitamos esta Nación.

Si bien ambas comunicaciones interceptadas eran legales, bien se puede cuestionar su legitimidad. Queremos ser claros: sólo sirven para ensuciar a Angelici, Mitjans y Segura pero no tienen ningún valor judicial o legal, más allá del nocivo efecto mediático que tuvieron sobre los involucrados. Y uno no puede quedarse al margen o callado cuando se vulnera el derecho de defensa y ni que hablar del derecho a la privacidad.

La intervención de un teléfono pedida por un juez debe ser usada únicamente con fines judiciales y está expresamente prohibido por la ley divulgar el contendido de las escuchas. Pero como parece que todo vale en esta Argentina de la impunidad mediática, muchos se horrorizan por el contenido pero no se detienen a pensar en los riesgos que conlleva que todos podamos ser escuchados y expuestos públicamente sin ningún tipo de control, defensa y miramiento.

Pero parece ser que los argentinos, cada día que pasa, renovamos permanentemente nuestra capacidad de asombro. Todo el tiempo podemos estar un poquitito peor. En lo económico, en el retroceso de los derechos individuales y, básicamente, en la convicción de que el estado de derecho es vulnerado impunemente.

El Gobierno de Cambiemos, que supuestamente llegaba al país para dar un salto de calidad a la institucionalidad y para defender a la República, se encarga día a día de decirnos que estamos bajo sospecha y que, si a un fiscal se le ocurre imputarnos por cualquier causa, siempre habrá un juez dispuesto a procesarnos y, después, ¿por qué no?, incluso, meternos presos por más que no existan sustentos legales para hacerlo.

Nadie dice, pide o reclama que no se investigue a aquellos que incurren en ilícitos o que sean exculpados o absueltos. Si hay sospechosos, deben ser juzgados para sostener su inocencia o para que se demuestre su culpabilidad. Y no al revés, que parece lo mismo pero no es igual.

Hace un par de décadas las operaciones políticas eran las falsas denuncias, que servían para ensuciar a alguien, para sacarlo de la cancha más allá de que lo después pudiera decir la justicia. Luego se popularizaron los carpetazos. Los servicios de inteligencia se encargaban de distribuir determinadas informaciones a determinados periodistas amigos para perjudicar a terceros. El damnificado era cualquier ciudadano que, por alguna razón, incomodara al poder real, sea tanto económico como político. Y así los agentes fueron ganando poder, merced al chantaje, la extorsión o el apriete.

Todo fue virando hacia esta nueva modalidad. Que no es ni más ni menos que la suma de aquellos factores. Ahora seguimos con las falsas denuncias y los carpetazos, pero además se coronan con las benditas escuchas telefónicas. O sea, el descontrol ya está consagrado. Y ningún habitante de esta Nación está a salvo de la intervención de su teléfono o mail y de que, en cualquier momento, se conozcan charlas privadas que, como es lógico, posee expresiones inconvenientes, políticamente incorrectas, insultos y tantísimas otras cosas que forman parte de la intimidad de una persona.

Muchos de los que leerán esta columna dirán que es positivo que todo se sepa. Celebrarán también que la sociedad reciba este tipo de mensajes que, hasta ahora, resultaban vedados. No es el caso de quien firma estas líneas: la Justicia, que es la que pide las escuchas o intervenciones por diversas razones, debe ser la encargada de velar por la privacidad de las personas. Así se trate de una ex presidenta, de un ex director de la AFI, de un ex presidente de AFA, de un presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA o del presidente de Boca. El debido proceso, la legalidad, el correcto funcionamiento de las instituciones debe estar por encima de cualquier fin que se busque, incluso el de la condena de un delincuente. Y mucho más, por supuesto, que del negocio de los medios de comunicación. El estado de derecho, tantas veces enunciado, declamado y también mancillado, jamás debe ser dejado de lado. No deseamos un país en el que todos estemos bajo sospecha y en donde, hablar por teléfono o escribir un mail, se convierta en un riesgo potencial para cualquier persona.

Es inadmisible que en la Argentina, legal o ilegalmente, todos seamos espiados y estemos expuestos. ¿Dónde quedan los derechos de privacidad? El artículo 18 de la Constitución Nacional dice: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.”

O sea: un juez puede pedir la intervención de teléfonos o la violación de la correspondencia o el mail o lo que fuere pero de ninguna manera debe divulgar su contenido y, mucho menos aún, cuando las causas todavía se están tramitando, ya que se lesiona el derecho a la legítima defensa.

El impacto mediático hace que todo se pervierta. La Justicia, que debe tener los ojos vendados para no ser ejercida en forma discrecional de acuerdo con el nombre o apellido o poder del imputado, se transforma así en una mueca de sí misma. Porque todo vale. Porque no hay garantías. Y mucho menos cuando algunos fiscales o jueces actúan en tándem con el periodismo para armas causas convenientes políticamente.

Por primera vez desde la instauración de la democracia, cruje la República. Las mayoría de las causas que se abren día a día por corrupción o por cualquier otra razón vinculada a la política, marca que la agenda la maneja el Poder Judicial, representado por algunos fiscales y jueces ímprobos.

Hay decenas de fiscales y jueces que carecen de la seriedad necesaria para que se los considere garantes de la República. Tal vez el día que renuncien, sean removidos o se los pueda juzgar por incapaces, comencemos a tener un país en serio que se construya sobre tres poderes independientes y no sobre los caprichos de personas que están al servicio de las corporaciones económicas y  de los medios de comunicación. Porque, sin dudas, el gran problema que atraviesa hoy la Argentina no tiene que ver solo con las incapacidades del este o aquel Poder Ejecutivo o Legislativo. Los responsables de este caos en el que estamos sumidos se definen a sí mismos con tres palabras: la corporación judicial.