Con la distancia profesional que acostumbran los burócratas, el titular de la Afip, Alberto Abad, acusó al fútbol de causar una catástrofe en las cuentas públicas. Rodeado muy oportunamente por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y por el empresario Fernando Marín, las caras más prominentes de la liquidación de Fútbol para Todos, el contador Abad dijo que entre la AFA y los clubes deben 1.346 millones de pesos a la seguridad social, que “el sistema es inviable” (¿la seguridad social?, ¿la democracia?, ¿el fútbol profesional?, ¿el Estado en sí?) y que corre peligro, en consecuencia, la cobertura “de toda la Argentina”.

Agregó que hay juicios penales en marcha y esparció la certeza de que el fútbol no sólo es un barco que se hunde en su ciénaga fétida sino que arrastra en la caída al resto de la sociedad. ¡Guau!

La deuda de la pelota, según el propio funcionario denunciante, se origina en 2003, cuando a los clubes, por un decreto de Eduardo Duhalde, entonces presidente de la Nación, se les concedió una quita en los aportes.

Un privilegio que acaso merece el disgusto de Abad. Pero, así presentada, se trata de una prerrogativa que no es contraria a la ley. Los clubes obraron al amparo de un decreto. Del mismo modo, si algún día la familia judicial llega a pagar el impuesto a las ganancias, se le podría reclamar una deuda que dataría de 1936, fecha fundacional de su feliz exención. Se imaginan qué fortuna.

Ya que hablamos de los jueces y sus beneficios, el ejemplo nos sirve para relativizar los aires de tragedia que dominan el discurso de Abad. Por la coronita del poder judicial, se dejarán de recaudar 5.151 millones de pesos durante 2016, según los números del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Si consideramos que el 20 por ciento de ese impuesto se destina a la seguridad social (Anses), con la plata que se ahorran los magistrados en sólo un año tenemos un hueco casi igual al ocasionado por el fútbol en trece. Sin embargo, no se han visto jerarcas del gobierno rasgarse las vestiduras por esta “desfinanciación”.

A su vez, el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, señaló enfáticamente que su club no debe un peso.

De modo que la ofensiva de la Afip, con sus laderos vinculados al difunto FPT, porta un mensaje político imposible de soslayar: este fútbol de malandras y evasores socorrido por el Estado –de cuyas entrañas surgió el propio Macri– no da para más. Se tocó fondo. Aunque el monto invocado no habilita tamaña conclusión.

El elenco principal de este gobierno, con el presidente a la cabeza, no es un dechado de transparencia patrimonial y mucho menos de cumplimiento con el fisco. La colección de guaridas fiscales donde se han refugiado los bastoneros de la Alegría así lo sugiere.

No obstante, se muestran estrictos con algunos asientos contables. Por ejemplo, el de Aerolíneas Argentinas. Cuando el PRO sopla las trompetas del Apocalipsis, es difícil no sospechar que lo mueve su arraigada voluntad de privatizar. Claro que no como negocio gentilmente habilitado a ciertos amigos, sino como irremediable salvataje. O sinceramiento, según el término de impar cinismo con que el gobierno nos insta a celebrar las desgracias.

En la movida contra el fútbol quizá resuene una advertencia oblicua de Macri a sus enemigos potenciales en la calle Viamonte (Tinelli, ponele). Por lo demás, en sintonía con el discurso escandalizado del Mister Afip, es probable que las Sociedades Anónimas Deportivas, por las que el presidente de la Nación siente una previsible debilidad, y los gigantes de las comunicaciones vuelvan a ocupar la agenda en breve.

O acaso se deslice la ilusión de recuperar el sistema previsional en manos de particulares. Nunca se sabe en estos días. A las pesadillas les adosan el moño escarlata de las cajas de bombones.