Desde estas páginas vinimos contando la interna de AFA.

Dijimos en su momento que la Superliga era un maquillaje que, fundamentalmente, buscaba conseguir más recursos para el fútbol. Agregamos que la Comisión Normalizadora era un invento del Gobierno Nacional para intervenir políticamente a la AFA sin recibir sanciones de la FIFA. Sostuvimos que Armando Pérez, también bautizado por esta revista como Pepe Curdele –ese mítico personaje de Pepe Biondi–, era el delegado de Macri en la AFA. Afirmamos además que toda la maniobra fue para impedir que Marcelo Tinelli, Hugo Moyano o Chiqui Tapia llegaran a la presidencia de la AFA. Y también narramos que la Comisión Normalizadora no estaba haciendo nada de lo que la FIFA y el Gobierno le habían pedido. Es decir: auditar qué se hizo con la plata del fútbol, modificar el Estatuto de AFA y organizar las elecciones de 2017. Por último, consignamos que el mar de fondo tenía como corolario la finalización del Programa Fútbol para Todos para volver a las transmisiones de fútbol pagas.

Algunos nos creyeron, otros nos tildaron de tira bombas y los menos buscaron y rebuscaron intencionalidad partidaria en cada una de las notas que fuimos desarrollando. Digamos que decimos partidarias y no políticas, ya que no resignamos nuestras convicciones político-idológicas pero sí tratamos de abstenernos (algunas veces lo logramos, otras no) de las cuestiones inherentes a los partidos políticos y sus roscas.

Dicho esto, pasamos a narrar el informe que realizó el Tribunal de Disciplina de AFA sobre la actuación de la Comisión Normalizadora. Es importante decir este organismo tiene el control de lo actuado por el ente presidido por Armando Pérez. Es decir, como ocurre en el país (son tres poderes que se controlan a sí mismos), se aplicó un reaseguro reglamentario para que la Comisión no pudiera hacer o deshacer a su antojo.

Dice el dictamen 5248 del Tribunal de Disciplina de AFA, firmado por el escribano Fernando Mitjans, los doctores Jorge Ballestero y Luis Parietti, y los señores Adolfo Botte, Eduardo Bozzi y Jorge Gallelli, que recibieron  una nota de los clubes de la B Nacional, Primera B, Primera C, Primera D, Torneo Federal A y Ligas del Interior.

En esa nota se denuncia “la política de despidos implementada por el Comité Regularizador, la cual se encontraría especialmente dirigida a la desvinculación de empleados con larga trayectoria dentro de la AFA.”

Se dice además que el “Comité puso en funciones a nuevos empleados de confianza del Sr. Armando Pérez, entre los cuales destacan al Sr. Víctor Taboada como nuevo Gerente General (el cual sería directivo de la firma TSU Cosméticos, propiedad del Sr. Pérez) y al Sr. Santo Biasatti, como nuevo Director de Medios y tendría funciones en la comisión directiva del Club Belgrano de Córdoba.”

Afirman además que “no se ha iniciado el proceso de revisión de los estatutos de la AFA para adaptarlos a los modelos de la FIFA, ni se ha iniciado el proceso eleccionario a fin de instaurar nuevas autoridades en esta Asociación” y advierten que “los miembros del Comité Regularizador habrían expresado en diversas ocasiones ser los representantes del gobierno argentino y califican la actuación de ese organismo como un órgano interventor gubernamental.”

Advierten además que “el Comité ha ordenado el traslado de la sede histórica de la Asociación e impide a los dirigentes de los clubes ingresar a las dependencias donde se han instalado en la actualidad (Predio de Ezeiza de la AFA), algo que jamás había ocurrido en la historia del Fútbol Argentino.”

Denuncian también la “la transferencia intempestiva de los derechos de televisación a la empresa Torneos y Competencias S.A., la cual no es otra que aquella que comandaba el señor Alejandro Burzaco, quien se encuentra con prisión domiciliaria por la investigación de corrupción y pago de coimas en el fútbol efectuada por el Gobierno de Estados Unidos.”

El documento del Tribunal de Disciplina narra que la nota fue elevada a la Comisión Normalizadora y que la respuesta provino de parte de Armando Pérez, Javier Medín y Carolina Cristianziano, en sus caracteres de Presidente, Vicepresidente y Secretaria del Comité de Regularización.

La respuesta fue que las denuncias fueron “abstractas” y se defienden del asunto de los despidos y de la falta de revisión del Estatuto de la siguiente manera: “los despidos efectuados no se tratan de una persecución a un sector específico, ni de un proceso y señalan que en los casos que corresponda, procederá la indemnización en los términos de la ley (…) La demora en el inicio de las tareas de adecuación de los estatutos de la AFA a los modelos de la FIFA se debe a que desde el 21 de julio de 2016 se transitó el verano europeo, y por ello el señor Primo Corvaro, recién al regresar de sus vacaciones –el 1° de septiembre– ha podido remitir los Estatutos modelo de la FIFA para comenzar los trabajos de revisión de los de AFA y su adaptación.”

Por otra parte “niegan actitudes personalistas como integrantes del Comité de Regularización, y argumentan que desconocen ninguna notificación fehaciente de que los derechos de televisación hayan sido cedidos a favor de Torneos y Competencias.”

Dice la Comisión además que “ha manifestado su oposición a trasladar la sede de la AFA al predio de Ezeiza, y señala que se ha instaurado un mecanismo de funcionamiento que prescinde de la participación de todos sus miembros.”

El Tribunal, recabada toda esta información, considera que “no han cesado el funcionamiento de los órganos no ejecutivos de la AFA, esto es, la Asamblea y el Tribunal de Disciplina; que las facultades que tiene el Comité de Regularización se encuentran limitadas desde un doble aspecto: temporal, ya que sus funciones cesan el día 30 de junio de 2017; y material, ya que debe circunscribirse a adoptar las medidas necesarias para cumplir los tres objetivos delineados por la FIFA, sin excederse de ese margen de actuación.”

El Tribunal dice luego que “las acciones del Comité de Regularización deben tender a limitarse al período señalado, sin extender sus efectos más allá del mes de junio de 2017. Por lo cual, deberá tener en consideración que los despidos llevados a cabo, así como las contrataciones de todo tipo (inclusive las atinentes a los derechos de televisación) pueden tener un impacto negativo que limite el funcionamiento de las autoridades que se constituirán a partir de Julio de 2017.”

Que las denuncias obligan al Tribunal de Disciplina de AFA, “como último garante de cumplimiento del ordenamiento jurídico de la AFA y de la FIFA frente a la legítima actuación del Comité” a “elevar copia de estas actuaciones a la Presidencia de la FIFA”.

Y, como para no dejar dudas, recomienda a Pérez y compañía “a que cumpla de forma efectiva con la misión para la cual fue creado sin extralimitarse en sus funciones.”

Y lo exhorta a: “1- Se abstenga de adoptar medidas que repercutan de forma directa sobre la libertad de decisión de las autoridades de la AFA que surgirán del proceso eleccionario libre a desarrollarse a más tardar en el inicio del año 2017. 2- Adopte las medidas necesarias para que el funcionamiento de dicho comité se adecúe a las normas éticas de la FIFA. Ello implica, específicamente, dar intervención a todos los miembros del órgano en la adopción de las decisiones. 3- Evalúe con mayor prudencia las desvinculaciones de personal y los contratos que suscribe, teniendo en cuenta que sus consecuencias serán soportadas por las autoridades regulares de la AFA. 4- Agilice el proceso de adecuación de los Estatutos de la AFA a los modelos de la FIFA y proceda, con la celeridad que la situación exige, a fijar un cronograma para el llamado a elecciones de las autoridades de la AFA.”

Dicho todo esto, está más que claro que Armando Pepe Curdele Pérez al frente de la Comisión Normalizadora tiene los días contados. Por si no queda claro, repetimos: los días contados; no hablamos de meses.

Que la semana próxima se va a convocar a una Asamblea Ordinaria de urgencia para llamar a una Asamblea Extraordinaria que le ponga fecha a las elecciones. Y que esas elecciones no pasarán de los primeros días de diciembre de este año, por lo que los nuevos Estatutos deberían estar listos para esa fecha.

¿Por qué tanto apuro? Porque el Gobierno ya anunció que el Fútbol para Todos cesa en diciembre y los AFA, por lo tanto, con sus nuevas autoridades, deberá negociar con alguna empresa privada la venta de los derechos de televisión. No hay otra salida.

Mientras tanto, los dirigentes del fútbol siguen en estado deliberativo. Y habrá más novedades para el este boletín. O folletín. Como más les guste.