El siguiente texto es parte de una serie de informes del sitio Olímpicos Argentinos. En el primer informe se puso en foco en el desmedido crecimiento del presupuesto, anunciado originalmente en $ 1.040 millones y que pueden escalar hasta los $ 9.000 millones, el aumento porcentual (766%) más grande de la historia olímpica (ver link).
En el segundo informe se mostró la falta de proyecto en la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y la mutación que fueron sufriendo las sedes a partir de un aprovechamiento económico más que de un programa de eficiencia deportiva (ver link).
En el tercer informe se explicó cómo el Estado porteño no sólo calculó de manera errónea los costos de la Villa Olímpica sino que los departamentos (inicialmente planeados como viviendas sociales) serán derivados a entidades privadas para que logren beneficios financieros (ver link).
En esta oportunidad, el foco está puesto en descubrir quiénes hicieron negocios a partir de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y cuál es su relación con el poder.
A la hora de describir la evolución económica y social de Rusia tras la caída del comunismo (y los negociados y abusos generados) el analista Daniel Kimmage caracterizó a la gestión de Vladimir Putin y sus adláteres como “khrematisamenocracia”: el gobierno de aquellos que realizan negocios para su propio beneficio, nada que suene demasiado exótico por estos pagos.
Una mirada a las empresas que fueron beneficiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) con las 23 licitaciones realizadas para proveer infraestructura a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 ayuda a entender de qué manera el Estado -que encabezó Mauricio Macri al ganar la sede y ahora lidera Horacio Rodríguez Larreta- confía en quiénes confían en él.
El monto al que oficialmente se comprometió pagar el Estado de GCBA por las obras de construcción en el complejo de Villa Soldati es de $ 3.461.971.314, un incremento del 73% por sobre los $ 2.000.000.000 que había calculado Claudio Mónaco, el director de la obra, en febrero de 2016. Sin embargo esto puede ser peor porque los expertos en finanzas públicas consideran que el verdadero total se conocerá al cerrar las cuentas de 2018 ya que se espera que varias de las licitaciones sufran aumentos extras por inflación, gastos no contemplados o cambios en el plan, que serán autorizados mediante resoluciones posteriores de Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de GCBA y uno de los principales actores en la evolución del proyecto de Buenos Aires 2018.
¿Quiénes son los felices ganadores de las compulsas para levantar el barrio de 28 torres y 1.036 unidades de vivienda (dos de las licitaciones para completar los 1.200 departamentos prometidos fueron dadas de baja por Moccia ya que la cuenta se estiraba casi $ 334.701.133 más)? Un recorrido por el archivo de la última década permite ver cómo quienes han hecho caja con Buenos Aires 2018 tienen línea directa con los funcionarios de turno en la Reina del Plata.
La obra de mayor precio es la construcción del Pabellón C que contendrá el natatorio, una tarea que el Estado evaluó en $ 504.736.585 y fue otorgada a Niro Construcciones SA por $ 508.091.151, más de tres millones de pesos sobre la cota máxima. La elección de la constructora de la piscina (la italiana Myrtha Pool) fue sugerencia de la organización pese a que la catalana AstralPool ofreció una propuesta 30% más económica y con el mismo nivel de excelencia. Además de lidiar con un suelo pantanoso que ha retrasado la construcción (sólo el 5% completado tras cinco meses de actividad), la obra puede traer polémicas con los veedores del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Natación (FINA) ya que si bien hay un compromiso para hacer una pileta de 50 metros y otra para saltos ornamentales, las imágenes del programa emitido el sábado último por TyC (ver link) muestran que no habrá en el complejo una tercera pileta de calentamiento, algo que es obligatorio en cualquier competencia internacional.
Niro SA, radicada en San Cristóbal, pertenece a Lucio Niro, quien fue anfitrión en su casa del Barrio River de los últimos dos cumpleaños de Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad, un evento social en el que el último enero confluyeron Carlos Salvador Bilardo, Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de la Presidencia), los embajadores argentinos Oscar Moscariello, Mariano Caucino, Juan Carlos Kreckler y Alejandro Daneri, Ana María Conde (miembro del Tribunal Superior de Justicia de CABA), Jorge Enríquez (subsecretario de Justicia CABA), Gabriel Astarloa (procurador General de CABA) entre otras personalidades de la vida política. También estaba Oscar Nicastro, representante del pádel ante el Comité Olímpico Argentino (COA) y uno de los asesores en negocios deportivos de Macri junto con Fernando Marín, ahora efectivizado como asesor con cargo de subsecretario de Deporte de la Nación (ver link).
Hubo una empresa que facturó más que Niro, CRIBA, que ganó cuatro de las licitaciones: dos de ellas por bloques de viviendas por un total de 213 unidades habitacionales ($ 160.833.300 y $ 137.837.183), una por el estadio de gimnasia ($ 283.389.377) y otra por los Pabellones A3 y A4, dos estadios multipropósitos ($ 168.646.366) para un paquete total de $ 750.706.226. CRIBA –que pertenece a Alberto y Eduardo Tarasido- en los últimos años se hizo cargo de obras de gran importancia como el shopping Distrito los Arcos, la remodelación de la Estación de Trenes de Retiro, la Plaza Vaticano y los alrededores del Teatro Colón, el Polo Educativo Saavedra y el nuevo edificio del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios. La confianza que tienen en GCBA en CRIBA es tal que hasta le dieron un contrato directo por más de 20 millones de pesos para encargarse de la limpieza y el mantenimiento de las nuevas instalaciones del gobierno porteño. Agradecidos, los hermanos Tarasido donaron $ 832.000 pesos para sustentar la postulación presidencial de Mauricio Macri en 2015 (ver link).
Otra que cosechó en grande fue Conorvial, que se quedó con dos licitaciones para ordenar el espacio público por un total de $ 463.144.202. La más importante, por $ 349.706.396, le fue adjudicada pese a no ser la más económica y haber superado en un 19% la cotización establecida en el pliego inicial ($ 292.800.438). Ricardo López Casanegra, vicepresidente de esta SA, es uno de los empresarios de la construcción aportantes a la campaña presidencial de Mauricio que quedaron a la luz con el caso de Alejandro Radetic (aquel que se filmó corriendo picadas por la avenida 9 de Julio); en el caso del santiagueño López Casanegra, su aporte a las arcas de Cambiemos fue de $ 200.000, casi un vuelto para lo que se anotó sólo en esta obra (ver link).
Siguiendo la línea electoral, hay un lugar que se ha convertido en la última década en el búnker de PRO/Cambiemos: Costa Salguero. El complejo está concesionado a Telemetrix SA, empresa liderada por Federico Bensadón y Alberto Gutiérrez, quienes lo han alquilado desde 1988 por precios irrisorios (ver link). Bensadón y Gutiérrez son socios en Emaco, que se quedó con una de las compulsas por $ 148.823.366 para construir tres torres que contendrán 147 unidades habitacionales. En el directorio de la empresa Emaco figura también Fernando Polledo Olivera, marido de Carmen Polledo (vicepresidenta primera de la Legislatura) confirmando la cercanía que tiene con el poder. Emaco no sólo ha ganado licitaciones oficiales en el ámbito inmobiliario sino que fue contratado de manera directa para montar el sistema de extinción de incendios del Teatro Colón por lo que cobró casi cuatro millones de pesos (ver link).
La constructora española Dycasa es otra de las empresas que hizo doblete, al conseguir dos de los contratos por 244 viviendas sociales divididas en seis torres a cambio de $ 329.782.725. La familiaridad del gobierno con Dycasa (una de las principales gestoras de los peajes en las rutas y autopistas de nuestro país) la demuestra el hecho de que, en el esquema de una gestión pública manejada con CEOs que definió Cambiemos, Macri nombró vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) a Pablo Rafael Aragone, quien por 14 años fue gerente de esa constructora (ver link).
Sudamericana SA también cerró dos paquetes: un grupo de viviendas de 120 departamentos distribuidos en cuatro torres y los Pabellones multipropósitos A1 y A2 por un valor total de $ 368.724.887. El presidente de Sudamericana es el chileno Rudi Boggiano Leupolt, quien tiene línea directa con el Lord Mayor Horacio Rodríguez Larreta ya que es uno de sus principales consultores para llevar adelante su plan de megaobras. De hecho, el empresario trasandino integra el Foro de Desarrollo Urbano, cuya función es asesorar al Gobierno de CABA junto con pesos pesado de la actividad inmobiliaria como Eduardo Costantini, Eduardo Elsztain, Milagros Brito, Toribio Pablo de Achával, Justo Solsona y Federico Weil (ver link).
UCSA, una de las ocho principales compañías de obra pública, recibió dos emprendimientos (la red pluvial y la red de gas para el comedor ya que el resto del complejo carece de ese servicio) por un pago total de $ 101.468.685. La empresa pertenece a Manuel Santos Uribelarrea, un sojero que compró por u$s 800.000 un campo perteneciente a la familia Blanco Villegas (Alicia Blanco Villegas es la madre del presidente de la Nación) en un precio que triplicó el valor de mercado (ver link). MSU Energy, otro de sus emprendimiento, se hizo acreedor de tres licitaciones en 2016 para la construcción de centrales termoeléctricas (una de ellas en Tandil) pese a no tener experiencia en la materia y acumular deudas cercanas a los diez millones de dólares por incumplimientos en los plazos (ver link).
Entre las licitaciones menos claras está la Nº 3, por tres torres con un total de 129 departamentos, adjudicada en junio de 2015 cuando todavía Macri era jefe de Gobierno. Bricons se quedó con el dictamen tras presentar una oferta de $ 179.192.365, el 7% por encima del precio tope que había establecido el Estado porteño ($ 168.236.487). La empresa con sede en Boedo, que tuvo a su cargo la construcción de parte del Metrobús, el Mamba, el Parque de Ciudad Universitaria, varias comisarías de la Metropolitana y escuelas porteñas, tiene como titular a Mario Ángel Raspagliesi, otro de los aportantes a las aspiraciones políticas de Macri ya que sustentó su campaña con un millón de pesos: medio millón a título personal (una disposición prohíbe que contratistas del Estado banquen a candidatos para evitar prebendas) y la otra mitad a través de la Agropecuaria El Mistol para que la cosa quedara como a aquel Don Carlos de la publicidad de AFIP: “Tudo bem, tudo legal” (ver link).
El pasado condena también a otra de las beneficiadas, Cunumí SA, que se impuso en dos compulsas: una por un módulo edilicio de 87 deptos y otra por un jardín de infantes por un acumulado de $ 172.191.183. Cunumí está presidida por Raúl Nicolás Orsini, quien en 2007 reconoció ante el entonces juez federal Guillermo Montenegro “no haber ejecutado las obras que habría encomendado Skanska SA, limitándose a confeccionar las facturas a cambio de 10% del monto total de la facturación”, fondos que se vehiculizaron como sobornos a funcionarios (ver link). El encargado de la contabilidad de Cunumí es Ángel Guidoccio, quien es el contador de Daniel Angelici, y también el hombre que maneja los números del Club Boca Juniors y de sus empresas de juego. Cunumí es una habitual proveedora de la Ciudad, no sólo en el rubro construcciones sino también como proveedora de mantenimiento, de 30 puntos verdes, un ingreso de más de 10 millones de pesos logrado por contratación directa (ver link).
En el top ten no podía faltar SES SA, la empresa que pertenecía al omnipresente Nicolás Caputo, que ganó un contrato de electrificación de la Villa Olímpica por $ 40.951.000. Quien es considerado como el mejor amigo de Macri la cedió en marzo de 2016 a Patricio Farcuh, dueño del correo privado OCA SA y señalado como virtual testaferro de Hugo Moyano y su hijo Pablo (ver link).
Salvatori SA se había quedado con la obra inicial de alambrado, desmalezamiento del polígono y remoción del suelo en el que se levantaría la Villa Olímpica, previo pago de $ 48.590.604. Salvatori es una empresa de vasta experiencia cuya facturación creció al llegar el PRO a la Ciudad. De todos modos, su labor no se limita al ejido porteño ya que empleados de esta empresa que estaban contratados por GCBA fueron fotografiados realizando tareas de mantenimiento en el municipio de Lanús, a cargo de Néstor Grindetti, un ex empleado de la empresa Socma y ex ministro de Hacienda porteño que se convirtió en uno de los baluartes políticos de Cambiemos en GBA (ver link).
Cavcon SA ganó la Licitación Nº 1 por sólo un edificio de viviendas (35 departamentos) y una construcción de dos módulos con fines educativos por un valor de $ 154.853.714. Fue fundada por Eduardo Corbacho, quien también es encargado de Tecmaco, la empresa de grúas que en 2013 tuvo a su cargo la polémica remoción del Monumento a Cristóbal Colón frente a la Casa Rosada, episodio que enfrentó al gobierno nacional, en ese momento a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, y a la Ciudad, con Macri a la cabeza (ver link).
Vidogar recibió el último paquete de viviendas sociales en disputa (la Licitación Nº 10, por dos torres con 61 unidades) gracias a una oferta de $ 98.174.264. La empresa presidida por Francisco Gallichio es proveedora del Estado de larga data y en los últimos años se vio involucrada en un par de negocios de dudosa concreción: en marzo de 2010 ganó una licitación para construir un destacamento para la Policía Metropolitana que dos años más tarde no se había puesto en marcha (ver link) y este año ganó un concurso para reemplazar bolardos en el centro a un precio que los expertos consideraron superior al de mercado (ver link).
Tecma SA, que deberá hacerse cargo de la red de agua a cambio de $ 42.340.809, es una de las pocas que no parece ser del riñón del Macrismo. De hecho, fue una de las apuntadas en 2006 por la Coalición Cívica en la denuncia ante la Justicia federal de una presunta red de favores a empresas constructoras que aportaron a la campaña legislativa de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a senadora en 2005 (ver link). En los últimos tiempos Tecma no sólo consiguió varias obras hidráulicas en Capital y GBA, sino que hasta logró uno de los contratos para construir estaciones del Belgrano Sur.
Otros de los beneficiarios que tampoco está alineado al gobierno porteño, al menos en lo ideológico, es Urban Baires, que se hizo cargo de la construcción de la red eléctrica tras ganar la puja a otros seis ofertantes por un total de $ 54.936.133. La firma fundada en 2010 y asentada en Puerto Madero tiene como presidente a Horacio Hernán Pérez, un kirchnerista que fuera director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) entre 2008 y 2009 y debió presentarle su renuncia a Rodríguez Larreta, por ese entonces jefe de Gabinete (ver link).
