Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación a fines de 2015, los socios de casi todos los clubes del país han expresado su preocupación ante la posibilidad de que un viejo anhelo del mandatario se cristalice bajo su gestión: la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas. A pesar de que todavía ningún club ha mostrado interés real en privatizarse, hay varios que ya comenzaron a transitar un camino que preocupa. Tan cierto como que el nuevo estatuto de la AFA cierra las puertas a este cambio estructural es que la Superliga se presenta como una especie de paraguas protector que podrían utilizar los privatizadores. En ese contexto, Talleres de Córdoba es uno de los que más peligro corre.

El doce de junio de 2017, la asamblea de socios de la T aprobó el nuevo estatuto con varios cambios muy profundos que generaron gran controversia. Por ejemplo, el artículo 4 dice: “Para el cumplimiento de los objetivos a los que obedeció su fundación, podrá realizar todos los actos jurídicos que sean necesarios y adecuar su situación jurídica a encuadramientos legales necesarios para su funcionamiento. Amoldarse a los nuevos modos y tipos de asociaciones y sociedades a crearse por la legislación argentina”. Es cierto que la presión popular logró quitar la frase “incluyendo las que incorporan el capital privado”, que estaba en el proyecto original, pero la intención está muy clara.

Según un interesante artículo de La tinta, la reforma también busca eliminar la Asamblea General de Socios para que sea reemplazada por una Asamblea de Representantes compuesta por apenas 100 integrantes. “¿Cuál es el problema? Que 2/3 partes de esa Asamblea son de mayoría automática para la lista que gane la Comisión Directiva. ¿Y con eso qué? Que sólo pueden candidatearse para ser miembros de la Comisión Directiva los que tengan experiencia en los órganos de gobierno. Es decir, sólo podrían los actuales miembros de la Comisión, y los de la anterior Comisión”, explica uno de los comunicados de las agrupaciones opositoras al cambio.

Otro de los puntos que preocupa está en el artículo 3, el cual prevé eliminar como “objeto” de la institución el desarrollo de actividades sociales y culturales, limitándolo sólo a “fomentar, cultivar y difundir el deporte, los ejercicios físicos y en particular el fútbol”. Es decir, va en contra de la función social del club, uno de los principales temas que preocupa a los defensores de las asociaciones sin fines de lucro.

Que Talleres sea el primer club en modificar su estatuto en este sentido no es una casualidad. En 2014, el empresario Andrés Fassi y el Grupo Pachuca desembarcaron en el Barrio Jardín con la valija llena de dólares y promesas. El club estaba en quiebra desde 2004 y el equipo jugaba en el Federal A. No era demasiado difícil para un grupo económico multimillonario comenzar a arreglar la situación. La quiebra se levantó y el 16 de noviembre Fassi ganó las elecciones con casi el 80 por ciento de los votos y se convirtió en presidente.

Según afirman socios opositores al proyecto privatizador, la gestión de Fassi fue buena en varios aspectos. Por supuesto, el más fácil de ver es el futbolístico, ya que el equipo ascendió dos divisiones en un año y medio y hoy está firme en la A. Pero no es el único. El club ha mejorado su estructura de divisiones inferiores y también en el resto de los deportes federados. Más allá de reconocer esas virtudes, también está claro que el punto de partida era demasiado bajo.

En diciembre de 2004, el Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial de 13ra. Nominación, Carlos Tale, dictó la quiebra de Talleres, que pasó a ser conducido por un fideicomiso al igual que Racing Club en su momento (con Blanquiceleste SA). Carlos Granero, un empresario futbolístico santacruceño que residía en Buenos Aires y no tenía ningún vínculo “de sangre” con la institución cordobesa, fue quien lideró el gerenciamiento. Fue la peor década de la historia de Talleres, sin ningún tipo de participación de los socios. Duró doce años, porque a fines del año pasado el juez Saúl Silvestre decidió dar por concluido el proceso falencial y levantó de forma definitiva la quiebra.

Más de diez años sin elecciones pueden provocar al menos dos reacciones de la masa societaria: la desesperación por participar de forma activa en las decisiones o el adormecimiento y la búsqueda de un solo objetivo: el resultado futbolístico. Esto último es lo que temen las agrupaciones que se opusieron a la reforma estatutaria. Fassi gobierna casi sin oposición y, aunque se vio obligado a cambiar un punto clave en el nuevo estatuto, la manipulación del mismo atenta contra la participación y abre la puerta a las inversiones externas. Eso es, en definitiva, lo que prepara el terreno de las SADs.